La denuncia no tiene que ver con la Justicia y sí con intereses políticos
Abogada puso en dudas la investigación de la causa derivada del operativo Sapucay, en la que imputaron a un juez y a dos secretarios.
Los abogados defensores del juez Carlos Vicente Soto Dávila y de su secretario Pablo Molina explicaron los argumentos que presentaron ante el juez porteño Sergio Torres, quien los investiga por coimas, pero además cuestionaron al Ministerio Público Fiscal. Para la abogada Valeria Corbacho, quien representa a Molina, se advierte que esta denuncia está dirigida directamente al juez (Carlos Soto Dávila) y a sus secretarios (Pablo Molina y Federico Grau), y puso en dudas la legitimidad de los cuestionamientos que se hicieron a los funcionarios públicos imputados en la causa. En este contexto habló del trabajo de los fiscales federales y sostuvo que con la investigación de la que surgieron los supuestos casos de cohecho, es evidente que no tiene que ver con la Justicia y sí con intereses políticos. Para explicar esto dejó entrever que a su parecer la causa judicial tendría como fin separar del cargo al juez Carlos Soto Dávila porque el Juzgado Federal tiene la Secretaría Electoral. La letrada representa a Molina, secretario penal, quien fue separado del cargo esta semana -por segunda vez en un año- por estar denunciado por posibles ilícitos. Es decir, su defendido no interviene en expedientes de la Justicia Electoral. Igualmente sostuvo que cuando la política u otras cuestiones entran por la puerta del juez, la Justicia sale por la ventana. En el programa El Momento Justo (Radio Sudamericana), la letrada cuestionó el trabajo de los fiscales, pero en ese marco reveló la identidad de dos imputados arrepentidos que estaban bajo secreto por seguridad del proceso judicial. La abogada dijo que los fiscales recurrieron a una maniobra que fue utilizar a personas como arrepentidos de dudosa reputación, cuya identidad se conoce porque no surtió efecto de la identidad. El arrepentido para lograr beneficios es el señor (Federico) Marín. Mientras tanto, Jorge Alcántara, quien representa a Carlos Soto Dávila, puso en dudas las pruebas sobre las cuales se sustentan las acusaciones. Si uno comprara los dichos del arrepentido, con lo que surge de esas grabaciones de comunicaciones telefónicas que mantenían entre los sujetos involucrados -antes de saber que iban a ser imputados-, lógicamente se hubieran dado cuenta de que mucho de lo que hoy asevera el arrepentido es absolutamente falso, dijo a Canal 9. El letrado agregó que en la mañana de ayer la defensa del ex juez presentó una ampliación de la declaración del magistrado, quien actualmente está en funciones en el Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes.s